Figueroa impulsa la creación del Consejo Provincial y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana
El Ejecutivo provincial envió un proyecto de ley para establecer nuevos órganos de planificación y prevención del delito en todo el territorio neuquino.
El gobernador Rolando Figueroa enviará a la Legislatura un proyecto de ley para la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana y siete Consejos Regionales, con el objetivo de adaptar las estrategias de prevención a las características de cada región y asegurar respuestas más eficaces.
El Consejo Provincial será el órgano de coordinación, enlace y ejecución de los Consejos Regionales, que también serán conformados una vez sancionada la norma. La iniciativa contempla la participación de los distintos niveles de gobierno, fuerzas de seguridad, Poder Judicial y representantes de la ciudadanía.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo destaca que la seguridad ciudadana es un componente esencial del bienestar social y del desarrollo democrático. La creación de estos consejos permitirá articular políticas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante las problemáticas de cada región.
El Consejo Provincial estará integrado por el ministro de Seguridad, el jefe de la Policía, un representante del Ministerio Público Fiscal, un integrante del Poder Judicial y el jefe de Gabinete o sus designados. Sus funciones incluirán recibir los diagnósticos regionales sobre el delito, elaborar un cuadro de riesgo predelictivo, proponer políticas de prevención y coordinar acciones interjurisdiccionales.
Por su parte, los Consejos Regionales —uno por cada región neuquina— actuarán como órganos consultivos y de asesoramiento para el Consejo Provincial, el Ministerio de Seguridad y los gobiernos locales. Se encargarán de elaborar diagnósticos regionales, proponer protocolos y colaborar con el diseño de estrategias preventivas.
El proyecto establece que estos cuerpos contarán con recursos propios asignados por ley de presupuesto y que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo de 90 días tras su promulgación. La iniciativa también propone la derogación de la actual Ley 2586 del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.
